Jul 22, 2011 | General
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) advirtió, a inicios de mes y en un documento público, la contradicción entre el modelo de agronegocios actual y el respeto de los derechos humanos. Como profecía autocumplida, el viernes pasado intentaron asesinar a Enrique Taboada y a Domingo Salto, ambos campesinos que resisten el avance sojero e integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Continúa la escalada de violencia por parte de empresarios del agronegocio contra las familias campesinas indígenas que resisten y defienden sus derechos al territorio”, denunció el Mocase-VC (integrante del MNCI), y recordó que en las últimas semanas ya son seis los casos de violencia contra familias rurales. Responsabilizó al gobierno provincial por la violencia y cuestionó al Ministerio de Agricultura de la Nación por el avance de la soja. “Esta (violencia) es una parte de la realidad de miles de familias que deciden apostar a la soberanía alimentaria y pararse frente a los grupos de poder del agronegocio”, denunció el Mocase-VC.
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Piquete contra la megaminería
Jul 17, 2011 | 2011, General
Comunidades originarias de Salta y Jujuy fueron recibidas en Naciones Unidas. Denunciaron la vulneración de sus derechos y el avance minero sobre sus territorios. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer la situación.
El avance sobre el territorio indígena, la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos y la instalación de empresas mineras sobre comunidades originarias fueron los temas que escucharon en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la boca de comunidades kolla y atacama de Salta y Jujuy, que rechazan la minería de litio en su territorio ancestral. Ante la más alta instancia de la ONU en materia indígena, las comunidades solicitaron algo simple: que se cumplan las leyes que protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre un amparo presentado hace ocho meses. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer en territorio la situación de los pueblos originarios.
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Jul 17, 2011 | General
En los últimos días, dos hechos se sumaron al incremento de la violencia contra campesinos e indígenas.
El viernes 8 de julio, a 250 kilómetros de la capital santiagueña, en La Overa, familias del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacadas por un grupo de diez personas que, según la organización, responden a un empresario que pretende desmontar las parcelas campesinas para sembrar soja. El mismo grupo había atacado, en diciembre de 2010, a familias del paraje El Simbolar, también en el departamento de Alberdi. En ambos casos se denunció a los agresores, pero no hubo detenidos.
También el viernes 8, pero a 80 kilómetros de Bariloche, siete personas armadas atacaron el loft mapuche Loncón, robaron animales y amenazaron con volver si la comunidad permanece en el lugar.
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Una lucha que llegó a la ONU
Jul 4, 2011 | 2011, General
Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.
Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
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Jul 4, 2011 | General
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. “En estos meses hemos relevado más conflictos que ya están en proceso de análisis y seguramente aumentarán las hectáreas en disputa”, adelantó Roberto Larrea, presidente de la Redaf, y remarcó que, aunque el informe sólo aborda la realidad del Chaco argentino, “es un proceso que se da en todo el país”. Afirmó que la cifra aumentará geométricamente si se suman los conflictos con las mineras, las petroleras y los del pueblo mapuche en la Patagonia.
Larrea afirma que la conflictividad rural aumentó, pero también resalta que en la actualidad los conflictos son más visibles que antaño por la existencia de organizaciones de base “que resisten y defienden del territorio”. “Aumentó el nivel de violencia hacia campesinos e indígenas, y también aumentó el nivel de impunidad de quienes provocan esos hechos de violencia”, afirmó Larrea.
La Redaf no es optimista. “Hoy todos los candidatos hablan de ‘la Argentina potencia agroexportadora’, ‘que hay que alimentar al mundo’ con el modelo tecnológico actual. Y si traducimos eso, implica el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes y más de este modelo que está generando conflictos y muerte.”
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La pelea por los territorios
Jun 15, 2011 | 2011, General
La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año.
“Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.
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Jun 15, 2011 | General
El endosulfan fue creado en 1950, es el insecticida más vendido en Argentina y suele utilizarse con un agrotóxico de mayor prensa y similares cuestionamientos: el glifosato. La utilización de ambos ya tuvo fallos adversos de la Justicia. En febrero pasado el Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de Santa Fe dejó firme una sentencia que limitó su utilización en la localidad de San Jorge. Lo mismo dictaminó la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Chaco, en marzo pasado, en la localidad de La Leonesa. En ambos casos se remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras).
La reciente Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo no es la primera del organismo que alerta sobre el peligro de los agrotóxicos. En noviembre pasado emitió la Resolución 147/10, en la que solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implica alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas y barrios.
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Un freno para el agrotóxico
Jun 7, 2011 | 2011, General
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
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Jun 7, 2011 | General
El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, firmó el 2 de marzo último el decreto de “necesidad y urgencia” 7592 que declara las reservas minerales que contengan litio como “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la provincia”.
“La provincia de Jujuy posee reservas de este mineral que la ubican entre las áreas de mayor potencial productivo (…) Este recurso natural no renovable debe constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños”, fundamenta el decreto, que no arriesga cifras potenciales de reservas.
También reconoce que el litio se encuentra en “ecosistemas de singular conformación y equilibrio, por lo que es aconsejable aplicar análisis específicos sobre el impacto y conveniencia de la ejecución de proyectos de exploración y explotación de litio”. Y cita a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), que en 2010 realizó una reunión de expertos sobre el desarrollo del litio en América latina. “La extracción de litio a través de la evaporación de salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de agua. Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y las áreas adjuntas”, advierte el documento final de la Cepal y citado en el decreto jujeño.
Al momento de presentar el decreto, el director de Minería y Recursos Energéticos, Martín Sánchez, destacó que “se contemplará acabadamente el derecho de todas las partes” y, como marca el decreto, remarcó que la evaluación de los proyectos tendrá la participación de científicos. Este hecho no tranquiliza a la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grades, que recuerda cómo el modelo sojero y las empresas de biotecnología avanzaron con apoyo técnico de buena parte de la comunidad científica local. “Para nosotros eso no es seguridad de nada. Muchas veces los universitarios no han engañado”, graficó Flores.
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«Nosotros no comemos baterías»
Un mineral codiciado
«Recurso estratégico provincial»
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La fiebre del litio
Jun 6, 2011 | General
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Ya hay al menos dos empresas que avanzaron. Orocobre Limited y Daijin Resources Corp. Pero la Dirección de Minería de Jujuy, en un documento oficial, informó el 14 de septiembre pasado a Jorge Luis Mamani, del pueblo kolla e integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI), que sólo en Cochinoca existen 32 cateos y procesos de exploración. Veinte de esos emprendimientos corresponden a minerales de “primera categoría”, que incluye plomo, plata, zinc, cobre, estaño y litio. Otros doce proyectos corresponden a “sales”.
El documento oficial incluye otros dos departamentos, Rinconada y Susques. En total da cuenta de otras 97 iniciativas de exploración y cateo, 37 de sales, 53 de minerales de primera categoría, siete de boratos y minerales de segunda categoría (arenas metalíferas, piedras preciosas en lechos de ríos y salinas).
“Orocobre Limited es el líder en el desarrollo de litio. La compañía está enfocada en convertirse en uno de los productores más grandes y de más bajo costo de litio en el mundo.” Es la presentación de la compañía australiana que ya tiene presencia en Salinas Grandes, se asoció con la automotriz Toyota y planifica extraer litio en 2012. Define al yacimiento de Argentina como de “larga vida” de explotación, con un potencial de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. De cada 1000 kilos de carbonato se obtienen, aproximadamente, 190 kilos de litio.
La canadiense Dajin Resources Corp es la otra compañía presente en Jujuy. “Argentina ofrece una de las jurisdicciones más políticamente estables y amigables para la industria minera, que es esencial para la exploración y desarrollo de las Salinas Grandes de boro, litio y potasio”, explica la información corporativa, que da cuenta de que posee las concesiones mineras de 103.248 hectáreas en Salta y Jujuy, “ricas en litio, potasio y boro”. De esas hectáreas, 83.248 corresponden a las Salinas Grandes.
Comunicados de la compañía afirman que la demanda global de litio crece a una tasa de 4,5 por ciento al año, estiman que la demanda de litio para batería aumenta un 20 por ciento anual, precisan que el mercado mundial de baterías de litio tiene un valor de 4000 millones de dólares al año y recuerdan que el 60 por ciento de los celulares y el 90 por ciento de las computadoras portátiles utilizan baterías con litio. “El reciente crecimiento de una industria mundial de baterías industriales y de automóviles de iones de litio se ha traducido en una demanda de carbonato de litio que se espera un aumento de cinco veces en 2017”, celebra.
Además de Toyota, otra empresa que se sumó a la fiebre del litio es la automotriz japonesa Mitsubishi, en el Salar Cauchari (departamento de Susques). En junio pasado, la Secretaría de Minería de Nación informó: “Latin American Minerals presentó el proyecto. Se encuentra en etapa de exploración avanzada y Mitsubishi acompañará el desarrollo del emprendimiento”. Se le otorgaron 43.000 hectáreas.
Ante la consulta de este diario, desde la Secretaría de Minería de Salta enviaron un documento oficial sobre la minería en la provincia: “Los Salares de la Puna revisten un gran interés para diversas empresas que están realizando intensas actividades de prospección y de exploración”, afirma y precisa que once empresas extranjeras están en la búsqueda de litio en Salta.
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La fiebre del litio
Jun 6, 2011 | General
Durante los últimos quince años, y de la mano de la profundización del modelo agropecuario, productores sojeros avanzaron sobre territorios indígenas y campesinos. Esto implicó desalojos y desmontes. Para numerosas comunidades indígenas que permanecieron en sus territorios implicó también un impacto, ya que vieron diezmados los hábitat (bosques) de donde obtenían su alimento. En las culturas indígenas, el territorio también es el lugar de cultura, historia y parte fundante de la vida de la comunidad.
“A algunos hermanos los corrió y mató la soja. A nosotros nos quieren hacer lo mismo, pero con la minería, con este metal para las baterías. Nosotros no comemos baterías, nosotros vivimos del salar”, explicó el kolla Flores y, explica y consta en la presentación judicial, que de las salinas depende el patrimonio cultural e identidad del pueblo kolla.
Las comunidades indígenas tuvieron históricamente una gran presencia en las salinas de la Puna. La sal fue parte de una cultura de trueque, con viajes que se realizaban transportando panes de sal en burros, desde las salinas hacia otros lugares alejados como Humahuaca, San Salvador de Jujuy, Orán, Cafayate o Salta. Incluso numerosos libros históricos dan cuenta de que en 1840 se produjo una rebelión por la imposición de tributos a la extracción de sal.
Al igual que en las chacras de otras provincias donde se practica la agricultura, la sal tiene también un ciclo de crianza. En octubre y noviembre se realiza la “siembra” mediante la construcción de piletones. A partir de diciembre y hasta febrero, período de lluvias, la sal se “cría” en los piletones. La “cosecha” se da desde marzo hasta mayo. Luego la sal se traslada hasta las empresas que la fraccionan para su comercialización. En agosto se da de comer a la Pachamama, a la Madre Tierra, siempre en el mismo lugar, pidiendo un buen año para la sal, con la ofrenda de comidas y bebidas. Es la forma ancestral de renovar el ciclo de la sal, que conserva una periodicidad idéntica a las fases agrarias de la Quebrada, la Puna y los Andes.
La producción de sal está repleta de ritualidades, de prácticas, de secretos que reproducen una cultura con modos identitarios que definen una identidad cultural preexistente al Estado. Mientras las actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales, las familias originarias tienen un lugar determinado para su Pachamama, para ofrendarla todos los años. Ese lugar no cambia, siempre es el mismo por generaciones. Mudar ese sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda de las comunidades y puede significarles un daño profundo en sus creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Los indígenas ejemplifican: es como mudar la Catedral porteña o la Basílica de Luján porque encontraron petróleo debajo.
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La fiebre del litio
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«Recurso estratégico provincial»
May 16, 2011 | 2011, General
El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
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May 11, 2011 | 2011, General
Reflexión sobre el comportamiento de los periodistas y sobre la propia función periodística a partir del tratamiento que se da a campesinos y pueblos originarios.
La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.
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May 1, 2011 | 2011, General
Por Darío Aranda
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Abr 18, 2011 | 2011, General
Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.
Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
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Abr 12, 2011 | 2011, General
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
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Abr 11, 2011 | 2011, General
El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.
Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
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Abr 11, 2011 | General
En rechazo a la actividad minera, y de igual forma que decenas de pueblos de zonas cordilleranas, nacieron en Neuquén la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam) y de Loncopué (Aval), las dos localidades más cercanas al yacimiento. Todos los martes se reunieron, se informaron y de allí nacieron movilizaciones, campañas informativas, volanteadas, cortes de ruta. Siempre junto con la comunidad mapuche Mellao Morales.
Maestros, pequeños estancieros, estudiantes, amas de casa, la Iglesia Católica local e indígenas comenzaron a articularse como nunca antes. La organización llegó a reunir a dos mil habitantes en una ciudad de cinco mil personas. En mayo de 2009 también hubo una gran marcha en el centro de Neuquén, pidiendo que se sancione una ley de prohibición minera (como existe en siete provincias). Y sobrevino la represalia: 21 personas procesadas judicialmente, referentes de las asambleas y trece de ellos de la comunidad mapuche por el “delito” de cortar una ruta.
Enfrentaron juntos a grupos de choque (que los asambleístas vincularon con el gobierno provincial). Conocieron de intentos de división, hubo ofrecimientos de dinero, empleos, colchones, promesas de trabajo en la mina. Hubo denuncias de persecución a docentes que participan de la asamblea y la radio FM Arco Iris, que cubrió de cerca la movilización, sufrió la destrucción de su transmisor.
“El Estado hostiga a los disidentes de las políticas mineras oficiales, pero los intereses extractivos no han podido ingresar a territorio mapuche”, explica el militante y abogado de la Asamblea de Loncopué, Cristian Hendrickse, y detalla quizás una de las claves de la lucha: “Se dio aquí un caso interesante de unión de sectores muy heterogéneos para defender el medio ambiente. En los cortes de ruta podían verse mapuches junto a estancieros, paisanos junto a docentes, nacidos y criados con venidos de otros lugares. Los idiomas eran distintos pero la voz era y es una sola: No pasarán”.
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No a la mina en territorio Mapuche
Mar 31, 2011 | 2011, General
La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores.
El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.
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Mar 18, 2011 | 2011, General
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
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Mar 18, 2011 | General
Las arroceras San Carlos y Cancha Larga tienen como cara visible a Eduardo Michtry. El intendente de La Leonesa es José Carbajal y su esposa y diputada provincial, Elda Insaurralde. El apoyo mutuo es vox populi en la localidad y quedó explicitado el sábado 7 de agosto de 2010, cuando los científicos Andrés Carrasco y Raúl Horacio Lucero fueron amenazados, retenidos dentro de un auto y privados de dar una charla en la Escuela 35 de La Leonesa. Las filmaciones y fotos muestran a trabajadores de las arroceras, municipales y al intendente entre la patota. Una decena de asistentes fueron golpeados, entre ellos el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez. “Fuimos amenazados, golpeados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos, conocemos dónde viven’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederles a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. Aclaran que la violencia no cesó. “Hay vecinos que son asediados en forma constante por personas del entorno del intendente”, afirmó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.
Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. El 14 de enero fue cruzado por una camioneta de donde partió un mensaje claro: “Cuidate porque vas a desaparecer”. Denunciaron el hecho en la Legislatura provincial, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno. “Por cualquier daño que sufran los vecinos denunciantes, sus familiares y sus bienes se hará responsable al poder político y al empresario arrocero”, advirtieron los vecinos.
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Primero la salud, después los negocios
Mar 10, 2011 | 2011, General
Página/12 reveló ayer los cables que muestran el lobby de la Embajada de EE.UU. a favor del herbicida y los cuestionamientos a Carrasco. Ahora, el investigador responde: “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel”.
Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco pasaba sus días entre experimentos, clases en la Facultad de Medicina y conferencias entre científicos. Sin mayores sobresaltos. Pero en enero de 2009 decidió investigar el efecto del glifosato, pilar del modelo sojero, en embriones anfibios. En abril de 2009 lanzó el alerta: “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión”. El trabajo fue publicado en Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio mediática, política y científica. Dos años después, ayer a la mañana, mientras desayunaba, se sorprendió: un cable de Wikileaks, también revelado por este diario, daba cuenta de que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tomó nota de su trabajo y ejerció lobby para defender el cuestionado herbicida y a la empresa productora, Monsanto. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado”, sostiene Carrasco y sonríe: “Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.
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Mar 9, 2011 | 2011, General
El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades en conflicto de todo el país.
En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
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Mar 9, 2011 | General
La violación del territorio mapuche por parte de la empresa Piedra del Aguila llegó en abril de 2010 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Destacamos la celeridad que acompañó todas las peticiones realizadas por la empresa, en contraposición a las demoras, que llegaron a meses, de los planteos de la comunidad”, denuncia el planteo de la comunidad Wentru Trawel Leufu y precisa la sistemática omisión de la legislación indígena por parte de las juezas (Graciela Blanco, Nancy Vielma y Carina Alvarez).
La presentación explica que durante los tres años de conflicto la empresa alteró la vida comunitaria, instaló puestos policiales dentro de la comunidad, atentó contra ella, ensanchó seis kilómetros de caminos, desmontó vegetación nativa, realizó zanjeos, destruyó viviendas y permitió la matanza de animales de la comunidad, que padeció pérdidas económicas que modificaron su forma de vida.
Piedra del Aguila cuenta con pocos antecedentes de trabajo. En los sitios especializados en la actividad petrolera sólo se señala que la compañía fue fundada en octubre de 2006 (sólo dos meses antes de que el gobierno de Jorge Sobisch le diera la concesión en Picún Leufú), opera sólo en Neuquén y la publicidad corporativa se ufana de poseer “uno de los mejores equipos de trabajo de exploración”. También remarca que se caracteriza “por su eficiencia y agilidad en sus operaciones”. Los teléfonos que figuran en su sitio de Internet están desactualizados. Los números de las oficinas en Buenos Aires y Neuquén ya no corresponden a la compañía. Tampoco responden los correos electrónicos.
“El anterior gobierno (de Jorge Sobisch) y el actual (de Jorge Sapag) están del lado de la empresa, son sus cómplices y trabajan junto a empresas y estancieros”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu, y afirmó que el “poder político y el Judicial impulsan la mano dura contra el pueblo mapuche”. Desde el gobierno de Neuquén no aceptaron referirse al tema.
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