Mar 9, 2011 | General
La meseta de Chubut es el centro geográfico de la provincia, de clima seco, rutas solitarias y clima inhóspito. Allí viven desde hace generaciones indígenas, puesteros y también descendientes de inmigrantes. La cría de animales es la tradición, aunque en la década del ’80 fue noticia nacional porque la dictadura militar intentó instalar en el lugar el primer basurero nuclear del mundo. La movilización popular lo rechazó. Treinta años después, la región experimenta un déjà vu: pretenden instalar una mina de plomo y plata (llamada Navidad), a pesar de que una ley provincial prohíbe la actividad. Las comunidades indígenas, que ya sufrieron la profanación de un cementerio por el avance minero, anunciaron el rechazo a la actividad y, junto a las asambleas socioambientales de la provincia, realizaron el fin de semana una marcha de dos días hasta el cuestionado yacimiento. La empresa, Pan American Silver, aseguró que no tiene “nada que ocultar” y anunció que mantendrá con la comunidad una política de “tranqueras abiertas”.
Desde Chacay Oeste, Laguna Fría, Blancuntre, Pire Mahuida, Sacanana y Gan Gan comenzaron el domingo a la madrugada una lenta cabalgata por la ruta provincial 4. Se detuvieron en cada vivienda rural e informaron sobre los perjuicios de la minería. El lunes al mediodía se encontraron en la tranquera del emprendimiento minero con los asambleístas del oeste de la provincia (Esquel, Pueblo, Bolsón) y del este (Trelew, Comodoro Rivadavia y Madryn). Por la tarde hubo una caminata en Gan Gan, donde los Vecinos Autoconvocados celebraron el “Carnaval de la resistencia”, con música y comidas. También estuvieron los integrantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
A pesar de la prohibición, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 el yacimiento Navidad.
Desde la Asamblea de Esquel afirman que, luego de las elecciones, el gobierno provincial buscará modificar la ley y habilitar la minería en la meseta, donde viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que obligan a “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Argenta (filial local de Pan American Silver), Fernando Muratore, señaló que la compañía respeta toda manifestación pacífica, sostuvo que la marcha es una “buena oportunidad para que se acerquen y conozcan el área del proyecto”.
La compañía tomó nota del tema más preocupante para la población (el agua). En febrero último difundió un informe que tuvo amplia cobertura en los diarios provinciales. Informó que detectó “importantes recursos de agua subterránea en el área de la mina y sus alrededores (…) Se trata de recursos de gran tamaño que no habían sido identificados previamente”.
Las asambleas ambientales descreen del anuncio, sobre todo porque la compañía no hizo público el supuesto estudio hidrológico. Muratore dijo que todos los estudios están a disposición de la provincia, pero solicitó tiempo para hacerlos públicos.
Desde el Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia afirmaron en 2009, y aún sostienen, que en la meseta no hay agua en cantidad suficiente para la minería y advierten que se secarán las aguadas y mallines. A la crítica se sumaron las asambleas socioambientales y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
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La historia de la empresa
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Benetton deberá esperar
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Plantar bandera
Mar 9, 2011 | General
La comunidad Santa Rosa apelará la orden de desalojo y advirtió que resistirá cualquier intento de expulsión. Los abogados dicen que no se respetó el derecho indígena.
La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.
“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.
El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.
“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.
Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.
El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.
En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.
El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.
Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.
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Un carnaval contra la mina
La historia de la empresa
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Plantar bandera
Mar 8, 2011 | 2011, General
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
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Mar 8, 2011 | General
Chubut. Pan American Energy (PAE) controla el yacimiento Cerro Dragón (Chubut), una de las mayores reservas petroleras del país. Está en manos de la empresa Bridas (familia Bulgheroni) y, desde este año, el 50 por ciento de las acciones está en manos de la compañía China National Offshore Oil Corporation (Cnooc). La empresa asiática había intentado en 2009, sin éxito, comprar parte de YPF. “Con este acuerdo Cnooc da un primer gran paso en el sur de Sudamérica”, afirmó Carlos Bulgheroni al concretar la sociedad con la empresa china.
Río Negro. MCC Minera Sierra Grande. Dependiente del Estado, fue cerrada en 1993. Era una de las minas de hierro subterráneas más importantes del continente, ubicada a ocho kilómetros de la localidad rionegrina de Sierra Grande. En 2005 fue entregada a la compañía MCC, un grupo empresarial bajo la órbita del Estado de Supervisión de Activos Estatales y Comité de Administración de la República Popular China. MCC posee 107 mil empleados en el mundo, 70 subsidiarias y un ingreso anual de 8600 millones de dólares.
La Rioja. Shandong Gold es una empresa minera del estado china. En noviembre firmó un convenio con el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, para la exploración en Chilecito. Desde las Asambleas Ciudadanas Riojanas afirmaron que ya se trabaja en el ensache de caminos para que maquinaria pesada pueda llegar hasta el yacimiento, y advitieron que ya están “organizando la resistencia y el plan de lucha para decir no a la mina”.
Neuquén. El yacimiento de cobre Campana Mahuida está ubicada en cercanía de la localidad de Loncopué. Es propiedad de Cormine SEP (Corporación Minera del Neuquén Sociedad del Estado Provincial), que acordó con la compañía china Emprendimientos Mineros S.A. un contrato de exploración con opción a compra. El precio estipulado por el gobierno neuquino fue de 3,3 millones de dólares, mientras la empresa china reconoció que obtendrá beneficios estimados de 1700 millones de dólares. Además del cuestionamiento de las poblaciones urbanas locales, también es rechazada por la comunidad mapuche Mellao Morales. El Tribunal Superior de Justicia frenó el proyecto, pero la empresa y el Gobierno apelaron la medida.
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Estado de alerta
Un socio particular
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La soja desembarca en la Patagonia
Mar 8, 2011 | General
“Strong Energy” significa “energía fuerte”. Es el nombre de una empresa de origen chino que no figura en la guía telefónica y tampoco en Internet. Está ubicada en Viamonte 675, piso 15, oficina “C”, microcentro porteño. Cuenta con una sola línea de teléfono y, a pesar de la insistencia de llamados, en variados horarios y días, nadie responde. En esa oficina funciona la empresa que, sin antecedentes en el sector agropecuario, será socia de la estatal Beidahuang Group y contraparte de la provincia de Río Negro en, según definición del gobierno provincial, “el proyecto más importante en la historia de la provincia”.
Este redactor visitó el edificio tres veces. Nunca encontró a algún representante de la compañía. El encargado del edificio explicó que la oficina C es pequeña, da al frente del edificio y que sólo concurre ocasionalmente una persona, que alquila el lugar desde hace cinco años.
Consultado sobre lo llamativo del socio local de China, el secretario de Producción de Río Negro, Humberto Iglesias, respondió: “La compañía tiene dos años en Argentina. Es el socio elegido por China, corre por cuenta de los chinos si es confiable o no”.
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Intereses chinos
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Estado de alerta
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La soja desembarca en la Patagonia
Mar 8, 2011 | General
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) afirmó que el acuerdo entre Río Negro y China pone en “riesgo” a la provincia, declaró el “estado de alerta” y describió al proyecto en un proceso global que experimenta el país: “Argentina está viviendo el secuestro de tierras para la producción industrial de agrocombustibles y soja transgénica para forraje. Esto se agrava cuando se amplía la frontera agropecuaria y se producen los desmontes, las inundaciones, el desarraigo de los pobladores y los intoxicados por agrotóxicos”, denunció la Red y sostuvo que la “entrega de 320 mil hectáreas de suelo rionegrino para la potestad y criterio productivo de la República China está vinculada con la pérdida de soberanía nacional, territorial y alimentaria”.
Doce organizaciones agrupadas en “Ni soja ni China” denuncian la pérdida de suelos fértiles y biodiversidad, y hacen hincapié en los “desalojos violentos y corrimiento de alambrados” en perjuicio de pueblos originarios. Entre los autores figuran el Consejo Asesor Indígena (CAI), la APDH, Unter (sindicado docente provincial), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los partidos Socialista, Humanista y Proyecto Sur.
Bariloche fue sede en octubre último del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales. Fue declarado de “interés técnico, educativo y ambiental” por la legislatura de Río Negro. Concurrieron 450 estudiantes y profesionales de doce provincias. Escribieron una carta al gobernador Miguel Saiz: “Manifestamos nuestro total rechazo a la decisión tomada por usted de incorporar la producción de soja en 320 mil hectáreas. Nos sentimos en la obligación de alertar a la población sobre el peligro de la implementación del modelo de producción agroindustrial y transgénico con utilización de agroquímicos en nuestra provincia, tanto sobre la flora y fauna nativas como en las poblaciones humanas”.
Realizaron un llamado a que la universidad pública se comprometa con las problemáticas socioambientales y remarcaron la obligación de las casas de estudios para denunciar las prácticas que afectan la salud de la población y el ambiente. “La superficie cultivada con soja transgénica destinada a producir forraje para ganado, en especial para Asia, y biocombustibles se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. El desmonte de áreas naturales y el creciente aumento en el uso de agroquímicos y prácticas agrícolas intensivas ha generado problemas irreversibles en los ambientes y en las poblaciones circundantes. A la pérdida de bosques, fauna y biodiversidad de ecosistemas, se suma el impacto sanitario en las poblaciones”, denunciaron y recordaron los graves casos de San Jorge (Santa Fe, donde la Justicia en segunda instancia limitó las fumigaciones), el barrio Ituzaingó de Córdoba y de la localidad chaqueña de La Leonesa, donde datos oficiales confirmaron el aumento de casos de cáncer y malformaciones.
El presidente del estatal Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema), Oscar Echeverría, explicó que uno de los puntos críticos de un proyecto tan grande “es el agua, hay que estudiar seriamente si el caudal del río Negro permite irrigar tanta superficie”. Remarcó que el organismo público no tiene un posicionamiento sobre el acuerdo “porque nadie ha solicitado un estudio de impacto ambiental”.
A las críticas se sumó el presidente del Instituto Nacional de Teconología Industial (INTI), Enrique Martínez. “El mismo Gobierno dice que no se dedicará semejante superficie solo a soja, aunque anuncia que se ampliará el puerto de San Antonio para exportar grano y aceite y que se instalará allí una planta de aceite. Si no es soja, ¿que será? El gobernador también dice que la soja la producirán los dueños de la tierra. Es lo más insólito de todo el planteo. Los chinos pondrán el dinero para regar y los dueños de esas tierras, que nunca han soportado más que cabras o vacunos flacos, producirán soja para exportar. ¿Quien puede creer esto?”
El presidente del INTI sostuvo: “Un gobernante aplica otra vez el sueño del tío rico americano, esta vez chino. Y dice ‘por suerte nos pudimos subir al tren chino’. Esa dependencia ideológica del inversor extranjero (…) la falta de estudio previo mínimo de las fortalezas y debilidades del tema, llevan como por un embudo a una dependencia económica y política del inversor extranjero, que fijará sus propias leyes y procedimientos en todo lo imaginable. Todo lo que los chinos indiquen será palabra santa. Esto no es crecimiento. Es el antimodelo. No hay justicia social y progreso comunitario posibles en una colonia, por próspera que sea”.
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Un socio particular
Intereses chinos
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La soja desembarca en la Patagonia
Mar 4, 2011 | 2011, General
Ojos que interrogan. Pies descalzos. Vidas a las que se les niegan todos los derechos básicos.
“Los únicos privilegiados son los niños”, afirman. Pero nunca se cumplió -ni se cumple- con los chicos indígenas, que encabezan las estadísticas oficiales de desnutrición, muerte infantil y analfabetismo.
23 de noviembre de 2010. Los cuerpos del Pueblo Qom de Formosa llevan las marcas de la salvaje represión. Desmienten al progresismo. Incomodan a los intelectuales orgánicos y obligan a tragar sapos a los periodistas acríticos.
“Somos el Gobierno de los derechos humanos”, se inflan el pecho mientras niegan el presente indígena y campesino.
Acorralados en pocas tierras.
Privados de su forma tradicional de obtener alimentos.
Rehenes de políticas clientelares.
Educación, salud, vivienda, trabajo. Todos derechos vulnerados, inventos del mismo blanco que creó el rifle a repetición, el trabajo esclavo, la soja transgénica, el desmonte, los agrotóxicos, la ganadería intensiva, la minería a cielo abierto. Un modelo que se publicita como el “desarrollo” y se traga vidas a cada paso.
Robo de bebés. Torturas. Secuestro de personas. Desaparecidos. Campos de concentración.
Los pueblos originarios de la actual Argentina también sufrieron un genocidio.
Pero no son urbanos. No son blancos. No son clase media.
Y nadie reclamó un “nunca más”. De allí la continuidad, el presente de represión y asesinatos, el robo de territorios y el avance extractivo. Empresas (sojeras, mineras, petroleras), gobiernos y jueces son un bloque homogéneo.
“La tierra es nuestra vida”, resume Felix Díaz, referente qom que no se deja corromper ni cooptar, una fisura en el muro del poder.
La Argentina del siglo XXI niega, sistemáticamente, los derechos humanos de los pueblos originarios. Los asesinatos en Formosa y las muertes por hambre en Salta son apenas una muestra.
Año de elecciones. En silencio cómplice, se mantiene el genocidio.
Darío Aranda
* Texto solicitado y luego censurado por revista «progresista» de Argentina.
Fotos de http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/
Feb 27, 2011 | 2011, General
La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
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Feb 27, 2011 | General
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (…) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (…) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (…) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
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Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Feb 14, 2011 | General
“Agricultura, ganadería y actividades conexas”, es el nombre del apartado referido al control de trabajo irregular realizado todos los años por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Durante 2010 la “informalidad” (también conocido como “trabajo en negro”) en el campo llegó al 50 por ciento, encabeza el ranking junto al trabajo doméstico. El último año se inspeccionaron 3290 establecimientos, el 1,03 por ciento del total de establecimientos agropecuarios del país (317.816 según el último censo agropecuario).
“La situación del trabajo rural en Argentina es preocupante, aunque en los últimos siete años bajó diez puntos”, sostuvo el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Guillermo Alonso Navone. El funcionario señaló que el trabajo no registrado en el campo aumentó durante tres décadas hasta 2003, cuando llegó al pico de 60 por ciento y, sostuvo, allí comenzó el descenso. Sin embargo, al momento de la entrevista, no pudo facilitar las planillas para corroborar los datos. Precisó que se entrecruzan datos del último censo (2001), las proyecciones en el tiempo de esos mismos datos (que indican la existencia de un millón de trabajadores rurales), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales) y cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La EPH releva 31 centros urbanos, no rurales.
El funcionario explicó que el Ministerio cuenta con 400 inspectores para todas las actividades. En 2008 realizaron 2987 fiscalizaciones, con un resultado de 54 por ciento de trabajo no registrado. En 2009 fueron 2681 las inspecciones, y la informalidad aumentó al 56 por ciento. En 2010 el índice de informalidad, en base al trabajo de los inspectores, fue del 59 por ciento. Curiosidades del último relevamiento: en San Luis se realizaron sólo 19 fiscalizaciones, en Santa Cruz 17, en La Pampa 13 y en Neuquén sólo dos inspecciones, entrevistados 28 trabajadores, es busca de trabajo no registrado.
Alonso Navone recordó que los trabajadores no registrados no tienen obra social, no cuentan con protección ante un accidente de trabajo, pueden ser despedidos sin que se les pague indemnización y no reciben asignaciones familiares ni jubilación. Explicó que cada provincia ejerce el poder de policía laboral en su territorio, sobre todo en lo referido a las condiciones generales del trabajo, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y las normas de los convenios colectivos de trabajo. De esta forma, el Ministerio de Trabajo no inspecciona las condiciones de explotación laboral o “esclavitud”, que corren por cuenta de las provincias.
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Explotación laboral y muerte
A lo largo y ancho del país
“Todas caras de una agricultura industrial”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) está conformado por unas 15.000 familias rurales de diez provincias. Y no tiene dudas: “En la gran mayoría de las actividades del campo bajo patrón hay explotación, es un tema endémico y generalizado en la agricultura argentina», lo vinculan directamente al modelo agropecuario y reiteran la necesidad de impulsar políticas activas que respeten y favorezcan a indígenas y campesinos.
“Represión a los Qom, Villa Soldati y trabajo rural esclavo: todas caras de una agricultura industrial” es el título del documento donde el MNCI vincula la feroz y aún impune represión en Formosa, los asesinatos en el Parque Indoamericano y las condiciones de trabajo de la pirámide de la población rural. “La concentración de la tierra y el agua en pocas manos, y la falta de apoyo a la agricultura familiar y campesina propician el trabajo esclavo en condiciones infrahumanas al que son sometidos miles de trabajadores en el campo”, denuncia, señala los casos conocidos a comienzo de año en San Pedro y Ramallo (desflore de maíz) y menciona como responsables del modelo a la Mesa de Enlace y a las “corporaciones transnacionales”, entre ellas Monsanto, Nidera, Dreyfus y Syngenta.
No apunta contra el gobierno nacional, pero contradice a algunos discursos oficiales al afirmar que la explotación en el campo “no son situaciones aisladas o excepciones, son consecuencias generales del modelo agropecuario instalado en Argentina”. Advierte que las injusticias y atropellos contra el trabajador rural “no pueden eliminarse sin una transformación profunda del modelo”.
A lo largo del documento el MNCI remarca la contradicción de denunciar el “trabajo esclavo” y al mismo tiempo sostener el modelo que lo posibilita. Hace un llamamiento a modificar el rol del Estado, puntualiza una serie de medidas imprescindibles para fortalecer al sector rural en las antípodas de la Mesa de Enlace, y solicita al Gobierno que “transfiera los subsidios que se otorgan al agronegocio hacia la agricultura familiar”.
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Gobierno: “Una situación preocupante”
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Explotación laboral y muerte
A lo largo y ancho del país
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
-“En Corrientes es conocida la explotación en las zonas de cítricos, sobre todo en la época de cosecha. Y desde hace unos años surgió el cultivo de arándanos, que busca captar a chicos y mujeres porque el cultivo es delicado y se necesitan manos chicas por el tamaño de la fruta”, explica Fabiana Janin, del Foro por la Tierra del Chaco, espacio multisectorial que actúa en la región. Y también apuntó a un rol ya naturalizado: “Es muy común la explotación del peón de estancia, la persona que vivió toda la vida en un campo enorme de un terrateniente y es un ‘esclavo sin saberlo’, sujeto a los humores e injusticias del patrón de estancia”. Rolando Nuñez, de la ONG de derechos humanos Centro Nelson Mandela, complementa: “Se encuentra muchos casos de trabajo semi esclavo o esclavo en todo el campo chaqueño. Un solo ejemplo: en la zona del Impenetrable el peón rural no tiene salario”.
-El Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) denunció en enero último “situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales” en establecimientos ganaderos al margen del río Pilcomayo. “La mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayo que son reclutados en su país por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos, alertó y precisó que los trabajadores se dedican al desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales, galpones.
-La Rioja es una histórica provincia con producción de aceitunas. En Aimogasta, a cien kilómetros al norte de la capital provincial, fueron rescatados casi mil trabajadores en febrero de 2007. Todos provenían de las provincias norteñas, dormían en carpas sobre las mismos cajones de la cosecha, no contaban con agua, electricidad ni baños. La paga era incierta.
-De Santiago del Estero migran cada año miles de personas para trabajar en distintas cosechas. Desde el Movimiento Campesino santiagueño (Mocase) señalan que los departamentos que más migración padecen son Atamisqui, Salavina y Loreto (viajan a la cosecha de papa y el desfore de maíz). Y Copo, Alberdi y Pellegrini, que viajan a la caña en Tucumán y a la aceituna en Catamarca y La Rioja. Desde hace décadas se instaló la práctica que los hombres abandonen sus comunidades durante meses. Cuando los hijos crecen, replican la vivencia del padre. El Movimiento aporta dos consecuencias silenciadas de esta migración: las comunidades quedan desprotegidas y los empresarios aprovechan esos meses para aumentar sus ataques sobre los territorios campesinos. En segundi lugar, la ausencia de campesinos impacta negativamente en las comunidades, ya que caen los stocks físicos de maíz, zapallo, sandía y animales, entre otros. La consecuencia es la pérdida de la soberanía alimentaria de los comuneros y el ingreso a un círculo de pobreza con cada vez mayor dependencia de los trabajos en condiciones de explotación, por monedas, o los deja a merced de las dádivas clientelares de la política.
-Las plantas de celulosa son muy cuestionadas desde su consecuencia ambiental, pero poco se sabe de sus primeros eslabones: los motosierristas de Misiones y Corrientes, hacheros del Siglo XXI, que cortan y apilan los árboles que luego serán las hojas de las impresoras. Trabajan para terceridas al servicio de grandes empresas, duermen bajo lonas y plásticos viejos, donde sobreviven de lunes a sábado. Son trasladados hacinados, cientos de kilómetros, en camiones destruidos. Soportan jornadas de hasta catorce horas de trabajo, paga mínima, maltratos y accidentes constantes.
-Bahía Blanca, Patagones, Pedro Luro e Hilario Ascasubi, todas localidades del extremo sur de Buenos Aires, zona de siembra de cebolla. En noviembre y diciembre llegan gran cantidad de migrantes del norte del país y de Bolivia. En esa época del año se requiere mano de obra para la limpieza (“desyuyado”). En enero comienza la cosecha (“arrancada”) y apilada. En marzo y abril es periodo de empaque. “Los casos de trabajo esclavo son excepcionales, muy poco, pero sí hay mucha explotación, hacinamiento, eternas jornadas y mala paga. Ese tipo de condiciones se da en el 90 por ciento de los casos. Es un fenómeno que hace 150 años espera respuestas del Estado”, explicaron desde la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Migratoria de Bahía Blanca
-En la zafra lanera de la Patagonia funcionan “comparsas” de esquila, cuadrillas de veinte personas que se reparten roles: agarradores, esquiladores, enfardadores, clasificadores, cocineros. Son llevados de estancia en estancia, duermen en galpones fríos o dónde pueden, entre agosto y enero. “Es un trabajo muy exigente. Algunas veces, las menos, trabajan en blanco, casi siempre en negro. Es muy duro desde lo físico, los esquiladores hablan que quienes tienen diez campañas sobre el lomo tienen problemas físicos, de columna, cintura, dolores variados”, explica Carlos Irasola, delegado en Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
-El carbón que usan en las ciudades para el asado del domingo proviene de la explotación laboral. Familias enteras recolectan leña, la cortan y acumulan ordenada dentro de un gran horno de ladrillo. Cierran el horno y se prende fuego, que no debe apagarse durante 15 días para que se logre la carbonización de la leña. “Son condiciones absolutamente insalubres, se le paga 20 pesos por jornada de diez a doce horas. Muchas veces trabaja toda la familia. Los menores trabajan de noche, cuidando que no se apague el horno”, afirma Rolando Nuñez, de la ONG Nelson Mandela de Chaco.
-La caña de azucar en Tucumán y el algodón en Chaco fueron dos actividades referentes en el trabajo en condiciones de explotación. Requerían gran cantidad de mano de obra. Con la tecnificación de la cosecha, descendió notablemente la necesidad de trabajadores. Sin embargo, aún persisten establecimientos donde se mantienen los regimenes irregulares.
-Otras actividades y lugares del trajo precario: tabaco en Jujuy, cebolla en San Juan, fruta fina en Chubut y Río Negro, rosa mosqueta en Río Negro, arándanos y cítricos en Corrientes y Entre Ríos, limón en Tucumñan.
-En todo el campo se registra empleo de mano de obra, pero suele haber diferencias en cómo lo entienden los organismos internacionales, funcionarios o académicos y cómo lo practican desde hace generaciones las familias del campo. Todos rechazan el empleo explotador de los niños por parte de privados, a destajo, pero los campesinos diferencian claramente en la actividad que consiste en ayudar a la economía familiar: alimentar los animales propios, ayudar en la chacra familiar, ordenar las cabras y vacas, y otras tareas propias de la tierra campesina o indígena. El trabajo infantil en el campo, al igual que la legislación laboral (insuficiente e incumplida), amerita toda una producción especial aparte.
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“Todas caras de una agricultura industrial”
Gobierno: “Una situación preocupante”
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Explotación laboral y muerte
Nota Principal:
Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | General
Hombres, mujeres y niños. En total, 114 personas. Todos en condiciones de servidumbre, maltratados y golpeados para que cosechen aceitunas. Fue en marzo de 2010 en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. Habían sido trasladados, engañados, desde Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y, sobre todo, de Chaco. Les habían prometido 150 pesos diarios, pero sólo les pagaban 30. No sabían dónde estaban y, sin dinero, no podían dejar el lugar. Fueron rescatados por la División Trata de Personas del Chaco.
“Desde siempre los indígenas fueron llevados a trabajar en situación de esclavitud. Trabajar hasta 18 horas consecutivas, sin alimentos en algunos casos, dormir poco, hacinados en galpones donde sólo tienen pastos para acostarse. La mayoría son hombres,aunque siempre había algunas mujeres y niños.
Se regresa cuando terminaban de levantar la cosecha, por lo general por sus medios, ya que son abandonados por los empresarios”, afirmó Julio Bernio, del Instituto de Cultura Popular (Incupo), que trabaja junto a pueblos indígenas de Chaco.
El 19 de julio de 1924, en el Chaco se ejecutó la “Matanza de Napalpí”, más de 200 muertos, incluidos ancianos, mujeres y niños. A los indígenas se le pagaba jornales muy inferiores a los del resto del país, por lo cual los indígenas se resistieron a levantar el algodón, y el gobernador Centeno prohibió que los originarios dejen suelo chaqueño. El indígena no podía trabajar su propia tierra, su única alternativa era seguir cosechando como esclavo. Al pretender emigrar a otras provincias, los aborígenes fueron masacrados. La Matanza de Napalpí tuvo directa relación con la decisión del gobierno de ampliar las zonas de cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en pequeñas reservas.
La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política y económica, tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado, en fuerza de trabajo.
En septiembre de 2008, dieciocho peones rurales, la mayoría de la etnia toba, escaparon de una finca en San Ramón de la Nueva Orán (Salta) y denunciaron que eran esclavos de un empresario maderero. Los hacían trabajar largas jornadas, no les pagaban, los amenazaban, les secuestraron los documentos y eran obligados a dormir a la intemperie. Luego de cuatro días sin comida ni agua, y pese a la amenaza del capataz, escaparon. Diez días después, con la ayuda de los vecinos, volvieron a sus comunidades, en Formosa. No hubo detenidos ni procesados.
“Hay muchísimos casos que nunca llegan a conocerse. Las condiciones de trabajo infrahumanas se repiten a cada caso, los campamentos son de una precariedad extrema, nadie parece ocuparse de la situación social de los trabajadores y sus familias. Los dueños de las fincas deslindan responsabilidad, trabajan con contratistas que casi nunca cumplen las condiciones pactadas al momento de llevar a la gente. Nadie se ocupa de controlar. Los trabajadores deben aceptar sobreprecios en los alimentos porque se encuentran obligados a vivir de lo que les venden sus contratistas. Muchas veces quedan endeudados con lo que deben aceptar otros trabajos con el mismo contratista y es una rueda que no para”, explicó Ana Alvarez, de la ONG Asociana, con trabajo en el norte de Salta.
En la zona hay dos principales actividades que explotan trabajadores. La cosecha de poroto y, el desmonte para luego sembrar soja. La tierra para monocultivo requiere el “deschampe”, que es el desraizado y limpieza de lotes luego del paso de la topadora. En general el dueño de la finca acuerda con un contratista. Los trabajadores son trasladados en camiones y rara vez saben dónde están trabajando. Viven bajos plásticos, la paga nunca es clara, muchas veces con alimentos sobrevaluados, alcohol y hojas de coca. Finalizado el trabajo, suelen ser abandonados, deben mendigar para volver a sus casas.
En octubre de 2008, Albertina Díaz, wichi oriunda del paraje Misión La Paz, se encontraba junto a su familia trabajando en un desmonte en el departamento de San Martín. Estaba embarazada. Se descompuso, pero no recibió atención médica. Falleció ella y su bebé.
En la misma semana, en la finca Caraguatá, a 120 kilómetros de Tartagal, fallecieron dos niños wichi mientras sus padres, Gerardo Negro y Antonia Ceballos, eran mano de obra explotada en el desmonte. La Agencia de Noticias Copenoa precisó que los fallecidos tenían sólo un mes y dos años, padecían una infección, no tuvieron atención médica y hacía tres días que no ingerían alimentos ni agua. Sus cuerpos fueron enterrados bajo los árboles de la misma finca que ofició de verdugo. La familia pidió justicia, pero no hubo gremio, funcionario ni juez que investigue el crimen.
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A lo largo y ancho del país
“Todas caras de una agricultura industrial”
Gobierno: “Una situación preocupante”
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Trabajo rural como sinónimo de explotación
Feb 14, 2011 | 2011, General
Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.
“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal (…) He visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría (…) el trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha”. Fechado el 30 de abril de 1904, escrito por Juan Bialet Massé, en su histórico “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. Radiografía del trabajo rural, un círculo de pobreza e injusticias que se repite desde hace más de un siglo. De sol a sol. Es la carecterística del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres «tachan», que implica el cargado del recipiente y lo descargan en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, donde –si no hay despido antes– se cobra. Todo depende de la pericia, y suerte. En un día muy bueno (los menos) se pueden reúnir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las provedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
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Ene 24, 2011 | 2011, General
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom denunció a la estancia Don Panos, propiedad de Eurnekian. Desde allí sostienen que parte una avioneta fumigadora que esparce agrotóxicos que luego caen sobre el terreno lindante, donde viven familias enteras.
Desde Pampa del Indio, Chaco
Mediodía en el campo chaqueño. El sol es impiadoso y las familias buscan refugio bajo los árboles. La brisa caliente arremolina la tierra y la pega de inmediato en la piel transpirada. “Hoy está lindo, no debe llegar a los 40 (grados)”, sonríe Juan Capra, de la comunidad qom, papá de siete niños, trabajador a destajo y, según denuncia, afectado por agroquímicos. “El viento viene con el veneno.” Es la primera descripción que hace Capra, al igual que otros indígenas de Pampa del Indio, cuando habla de las fumigaciones que le arruinan las cosechas, matan animales, contaminan fuentes de agua y enferman a sus familias. Realizaron denuncias ante la comisaría local, la Fiscalía de Investigaciones, el gobierno provincial y ante la Cámara de Diputados de la provincia. Pero no hubo respuesta. Enfrente tienen a uno de los mayores terratenientes del Chaco, Eduardo Eurnekian, dueño de la estancia Don Panos, que forma parte de la Corporación Unitec Agro. Desde la empresa rechazan las acusaciones y afirman que su prioridad es el cuidado del ambiente.
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Ene 16, 2011 | 2011
La medida, aprobada por el Concejo Deliberante, había sido vetada por el intendente. Pero después de una movilización de organizaciones aborígenes y ambientales la aprobó.
La minería a cielo abierto, con grandes consumos de agua y uso de sustancias tóxicas, tuvo un freno en el norte del país: el municipio jujeño de Abra Pampa prohibió la actividad extractiva. Impulsado por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza en noviembre pasado, pero el intendente Ariel Machaca vetó la norma. El jueves último, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza. Abra Pampa en un caso testigo de la minería: un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy reveló en 2007 que el 81 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad metalífera.
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Dic 6, 2010 | 2010, General
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
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Nov 28, 2010 | 2010, General
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.
Darío Aranda
27 de noviembre de 2010.
Nov 24, 2010 | 2010, General
Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente.
Siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Es la cifra que se desprende del primer relevamiento sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. Realizado por la consultora Aresco, el estudio abarca seis provincias cordilleranas y señala que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la ley de protección de glaciares y la movilización sostenida de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –un centenar de organizaciones en todo el país–, la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicita un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad. Argentina planifica la instalación de quince proyectos en el corto plazo y publicita la existencia de 400 proyectos en exploración.
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Nov 24, 2010 | General
Las empresas decidieron rever su histórico silencio mediático y salieron a revertir el rechazo en la opinión pública. Los contratos con consultoras. La nueva batalla comunicacional.
Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional y ya comenzaron a armarse: contrataron a consultoras de comunicación para revertir la imagen negativa y lograr mayor poder de lobby. La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a todas las grandes empresas del sector, acaba de contratar a la consultora internacional Hill & Knowton (acusada de inventar testimonios sobre el accionar de soldados iraquíes en Kuwait). La poderosa Barrick Gold, líder mundial en megaminería, ya cuenta desde el año pasado con la también multinacional Llorente & Cuenca. Solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad son algunos de los ejes de la lucha mediática que ya comenzó. El objetivo en el corto plazo es bloquear en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería.
Hill & Knowton fue contratada en agosto por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para mejorar la imagen de la industria extractiva. “El objetivo principal de nuestro servicio es ayudar a los clientes a generar las condiciones regulatorias y de opinión pública que hagan viable su negocio en el mediano y largo plazo”, reconoce el sitio de Internet de la empresa. Su presidente para la Argentina, Juan Iramain, prefirió que la CAEM conteste las preguntas sobre el trabajo a futuro.
“Se evaluó que tuvimos errores en la comunicación, hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hill & Knowton, diseñar una estrategia de comunicación y posicionar en la opinión pública el sector minero”, explicó el gerente general de la CAEM, Damián Altgelt. El trabajo conjunto comenzó en agosto, cuando ya se debatía la ley de glaciares. En poco tiempo publicaron cuatro solicitadas en diarios de tirada nacional, argumentaron que la minería cuida el ambiente y advirtieron que, de aprobarse la ley de glaciares, se perderían puestos de trabajo.
El gerente de la CAEM reconoció que en el corto plazo trabajarán junto a la consultora para contrarrestar la mala imagen del sector e intentar frenar la iniciativa legislativa de Proyecto Sur, que propone limitar la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas. Presentado en julio pasado en el Congreso nacional, el proyecto de ley puntualiza en los enormes consumos de agua de la actividad, los riesgos de contaminación y la prohibición de cianuro, que ya fue cuestionado por el Parlamento Europeo.
Hill & Knowton es, según su propio publicidad, una consultora internacional de comunicación con más de 80 años de experiencia y presencia en 43 países (catorce de Latinoamérica). Pesan sobre la compañía acusaciones de diseñar, a mediados del siglo pasado, la estrategia propagandística de tabacaleras con falsos estudios científicos, que negaban la vinculación entre tabaco y cáncer. Pero el mayor escándalo, nunca aclarado, se produjo en la década del ’90 y se conoce como “la mentira Nayirah”. Cientos de artículos periodísticos e incluso tesis universitarias abordan el caso: una adolescente kuwaití contó ante cámaras, llorando, que soldados iraquíes habían entrado a un hospital de Kuwait, roto incubadoras y asesinado a 300 bebés. La televisión norteamericana lo repitió sin cesar. El golpe mediático aminoró la oposición de la opinión pública estadounidense sobre la invasión de Estados Unidos en Kuwait y la guerra con Irak.
Luego se supo que el relato había sido mentira. La adolescente era hija del embajador de Kuwait en Washington y se responsabilizó a la consultora Hill & Knowton de planificar la mentira. La empresa decidió no hablar del tema. En diciembre pasado, el diario El País de España entrevistó a la presidenta de la compañía para Europa y Oriente, Sally Costerton. Consultada por el caso Nayirah, no desmintió las acusaciones.
Hill & Knowton llegó a la CAEM luego de imponerse en un concurso de consultoras. Las empresas postuladas tenían una sola limitación (impuesta por la CAEM): no podían tener contratos vigentes con mineras presentes en la Argentina. Por ese requisito quedaron fuera de carrera la multinacional Burson-Marsteller (contratada por la brasileña Vale, proyecto Potasio Río Colorado) y Llorente & Cuenca, que se promociona como “primera consultora de comunicación en España y América latina”. Llorente & Cuenca es la responsable de comunicación y la imagen de la poderosa Barrick Gold. Consultada por este diario sobre los desafíos del sector minero, en Llorente & Cuenca prefirieron no hablar.
El slogan de la consultora es sencillo: “Conseguir resultados para el negocio de nuestros clientes”. Llorente & Cuenca tiene experiencia en mejorar la imagen de grandes clientes: maneja la cuenta de Monsanto, líder mundial del modelo de agronegocios, con semillas transgénicas y agroquímicos.
Nota Principal:
Rechazo a la minería a cielo abierto
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Ni votación ni encuestas
Publicado en Página 12 el 23 de noviembre de 2010.
Nov 24, 2010 | General
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y casos de contaminación. Ante la aprobación de un nuevo proyecto, y la masiva movilización de la población, encuestadores privados recorrieron la ciudad, pero nunca se difundieron los resultados. En junio último, el diario El Ancasti filtró el resultado de la encuesta: siete de cada diez habitantes rechaza la minería. El intendente, José Perea, en sintonía con el gobierno provincial y las empresas, logró suspender un plebiscito vinculante donde la población expresaría su opinión sobre la minería a gran escala.
El gobierno de Catamarca aprobó en 2009 el inicio del proyecto Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro. Es publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población. En diciembre pasado los vecinos cortaron el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo, que fue duramente reprimida el 15 de febrero por la policía provincial.
A la represión le siguió una masiva movilización sobre el centro de Andalgalá y la suspensión temporaria del proyecto. El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante para que la población decida si acepta la instalación de Agua Rica. El gobierno municipal recurrió al Poder Judicial porque consideró “inconstitucional” que la población se exprese democráticamente. El plebiscito fue suspendido en tribunales. Yamana Gold es la empresa canadiense a cargo de Agua Rica. Había rechazado ante este diario la posibilidad de una votación en Andalgalá, la consideró “inconstitucional”.
La Asamblea Vecinos por la Vida retrucó: “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”.
Semanas antes de que se suspendiera el plebiscito, los vecinos de Andalgalá se sorprendieron con encuestadores que llegaron hasta las viviendas rurales y también en la plaza principal del pueblo. Cuando preguntaban para quién era el estudio, obtuvieron siempre la misma respuesta: “Una consultora”. Nunca se hicieron públicos los datos finales, hasta que el 17 de junio el diario El Ancasti, de reconocido apoyo a la actividad minera, publicó un editorial donde filtró las cifras negativas a la minería: “Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, siete de cada diez ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras (…) La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura (…) está claro que no es posible desarrollar la minería sin consenso social”. La estadística no fue desmentida por el gobierno ni por las empresas. El editorial, firmada por el dueño del periódico (Silvestre Zitelli), instaba al gobernador Eduardo Brizuela del Moral a tomar medidas urgentes para revertir la situación.
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Renovación y cambio
Nota Principal:
Rechazo a la minería a cielo abierto
Publicado en Página 12 el 23 de noviembre de 2010.
Nov 18, 2010 | 2010, General
Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial.
Topadoras que avanzan ilegalmente sobre ranchos campesinos, hombres y mujeres presos por defender su territorio, policías que reprimen a familias que se niegan a dejar los campos donde vivieron durante generaciones. Sólo tres de las acciones que se repiten en Santiago del Estero a medida que avanza la frontera agropecuaria. Luego de dos años de reuniones, el Movimiento Campesino provincial (Mocase) firmó un acuerdo con el gobernador, Gerardo Zamora, quien se comprometió a dar soluciones inmediatas. “Desde el gobierno provincial dejaron que todo siga igual. Mucha reunión, ninguna solución”, explicó Guido Corvalán, presidente del Mocase, sobre la Ruta Nacional 34, a sólo quince kilómetros de la capital santiagueña, donde ayer cumplió un mes de corte y aún no tienen respuesta del gobierno.
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Nov 18, 2010 | General
Santiago del Estero fue de las primeras provincias en conocer el término técnico “avance de la frontera agropecuaria”, que en idioma del monte significó el avance de la soja, con técnicas que permitieron sembrar en tierras hasta ese momento ajenas a los agronegocios. La provincia no brinda detalles del avance sojero, pero la Secretaría de Ambiente de la Nación otorga una pista: Santiago del Estero es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, lo que significa un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
Nota Principal:
Un corte contra los desalojos
Publicado en Página 12 el 18 de noviembre de 2010.
Nov 15, 2010 | 2010, General
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
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